Lamentamos haber tomado conocimiento de la muerte provocada de la abogada Ana Estrada, lo que contraviene el marco Constitucional de nuestra República, que en su desarrollo legislativo Ley 26842, Ley General de Salud, tutela la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural.

Que este despropósito en el ámbito jurídico no tiene otra explicación que la peligrosa y nefasta aplicación del control de la convencionalidad al que se someten prevaricadoramente algunos jueces del Poder Judicial, olvidando que nuestro país es un país soberano e independiente, el cual por voluntad popular solo obedece y se sujeta a la Constitución de 1993.

Que el caso de Ana Estrada es prueba viva que la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica permite la aplicación jurídica de la dictadura relativista en nuestra patria, lo que constituye un grave y serio peligro para el convivio común de las personas y de la sociedad; pues, para el caso que motiva el presente comunicado, ha quedado demostrado que cualquier conducta ilícita o inmoral podrá ser interpretada de acuerdo a la utilidad o beneficio del recurrente, bajo el pretexto del “desarrollo de los nuevos derechos humanos”

Por lo anterior, consideramos que es menester que nuestro Tribunal Constitucional o el Congreso de La República, conforme a sus atribuciones, protejan urgentemente a nuestro país del grave daño que nos viene causando una Corte Internacional relativista, la misma que desde hace más de 03 décadas ha abandonado el verdadero espíritu y vocación de protección de la vida y de tutela de los más vulnerables, que otorgaba el Pacto al momento de su constitución (1969).

Lima, 26 de abril de 2024

El Consejo Directivo